El asesor presidencial cuestionó el sistema de Pensiones No Contributivas por Invalidez y sostuvo que durante años se otorgaron certificados de manera irregular. El Gobierno ya había informado que entre 2003 y 2015 la cantidad de beneficios pasó de 79.000 a más de un millón y que, al asumir, detectó 25.000 titulares trabajando y otros 60.000 casos con incompatibilidades. El porcentaje del 60% mencionado por Caputo, sin embargo, no surge hasta ahora de una auditoría pública concluida que permita verificarlo de manera independiente. Argentina.gob.ar
El mensaje apareció en medio de la polémica por Romina Uhrig, exdiputada del Frente de Todos y exparticipante de Gran Hermano, a cuyo nombre se difundió un presunto certificado de discapacidad emitido en 2018. Uhrig negó haber utilizado un certificado para evitar peajes o estacionamientos. En paralelo, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el nuevo régimen aprobado por el Congreso podría incorporar entre 493.000 y 946.000 beneficiarios y generar sólo por las nuevas altas un costo de entre $2 y $4 billones. Todo Noticias
Santiago Caputo volvió a poner en el centro de la discusión el sistema de pensiones por invalidez al asegurar que una parte mayoritaria de los beneficios otorgados durante las últimas décadas presentaría irregularidades.
“Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas”, escribió el asesor presidencial en su cuenta de X. En el mismo mensaje afirmó que durante años se habrían utilizado certificados para beneficiar a allegados o con objetivos políticos y defendió las auditorías impulsadas por la administración de Javier Milei. El Intransigente
El planteo de Caputo se produjo además en una jornada marcada por otra polémica: la difusión de un presunto certificado de discapacidad a nombre de Romina Uhrig, exdiputada nacional del Frente de Todos y exparticipante de Gran Hermano.
De 79.000 pensiones a más de 1,2 millones
El crecimiento del sistema es uno de los argumentos que el Gobierno viene utilizando desde el comienzo de su gestión para justificar una revisión integral.
Según datos oficiales difundidos por Presidencia, las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral pasaron de unas 79.000 en 2003 a 1.000.045 en 2015. Para diciembre de 2023, la cantidad total había alcanzado aproximadamente 1.222.000 beneficiarios. Argentina.gob.ar
El Gobierno sostuvo que esa expansión estuvo acompañada por controles insuficientes y anunció una auditoría general del sistema.
En 2025, ANDIS informó que el proceso alcanzaría a 1.013.400 pensiones activas, con el objetivo de comprobar que cada titular continuara cumpliendo los requisitos legales para recibir la prestación. Argentina.gob.ar
Qué irregularidades fueron detectadas oficialmente
Las revisiones iniciales sí encontraron situaciones incompatibles con el régimen.
La Memoria del Estado de la Nación correspondiente a 2024 consignó que había 25.000 pensionados que figuraban trabajando y otros 60.000 casos con incompatibilidades en los requisitos. El Ejecutivo también denunció certificados médicos con anomalías y beneficios correspondientes a personas fallecidas o residentes en el extranjero. Argentina.gob.ar
En una primera muestra realizada en la Ciudad de Buenos Aires, ANDIS informó además que no había podido localizar en sus domicilios al 33% de 10.000 beneficiarios contactados. Ese dato motivó nuevas revisiones, aunque la imposibilidad de localizar a una persona por sí sola no demuestra que su pensión sea fraudulenta. infobae
Por eso existe una diferencia importante entre las irregularidades concretas detectadas y la afirmación de Caputo de que aproximadamente seis de cada diez pensiones serían falsas: hasta ahora no hay publicado un resultado final de la auditoría nacional que establezca ese porcentaje.
Caputo apuntó contra el Congreso
El asesor presidencial también llevó la discusión hacia la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Caputo sostuvo que mientras el Gobierno intenta eliminar beneficios otorgados irregularmente, el Congreso impulsó un esquema que podría aumentar fuertemente la cantidad de pensiones.
Existe un dato independiente que permite dimensionar esa discusión.
Cuando el Congreso analizó la iniciativa, su propia Oficina de Presupuesto calculó que las nuevas condiciones de acceso podrían generar entre 493.000 y 946.000 nuevas altas. Oficina de Presupuesto del Congreso
Sólo ese componente fue estimado en un costo fiscal de entre $2 billones y $4 billones, equivalente a entre 0,25% y 0,48% del PBI utilizado para el cálculo. Sumando otras medidas de la ley, la OPC estimó un impacto cuantificable total de entre $2,4 billones y $4,3 billones. Oficina de Presupuesto del Congreso
Es ese potencial crecimiento el que Caputo resumió políticamente como un intento de “duplicar” el número de pensiones.
Qué hizo finalmente el Gobierno con la ley
La Ley 27.793 fue aprobada por el Congreso en 2025, vetada inicialmente por el Poder Ejecutivo y posteriormente ratificada por ambas cámaras.
En febrero de 2026, el Gobierno terminó reglamentándola mediante el Decreto 84/2026. La norma creó la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y estableció mecanismos para revisar y convertir las prestaciones existentes. Argentina.gob.ar
La prestación quedó fijada en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el nuevo esquema contempla evaluaciones médicas y socioeconómicas. Boletín Oficial
Además, la reglamentación ordenó desarrollar un nuevo plan de auditorías periódicas, por lo que la revisión de los beneficios no desapareció con la ley aprobada por el Congreso. Argentina.gob.ar
El caso Romina Uhrig reavivó la discusión
El mensaje de Caputo apareció después de que en televisión se difundiera un documento presentado como un certificado de discapacidad emitido en 2018 a nombre de Romina Uhrig.
Uhrig fue diputada nacional por el Frente de Todos y, años después, adquirió gran exposición pública al participar de Gran Hermano.
Según la documentación difundida, el certificado habría sido expedido por una junta evaluadora de Lanús en septiembre de 2018 y tendría vigencia hasta 2028. En ese momento, su entonces pareja, Walter Festa, era intendente de Moreno. El Día de La Plata
Sin embargo, hasta el momento no existe una determinación judicial ni una verificación oficial publicada que confirme que el certificado sea falso. La sola circulación de la imagen tampoco permite establecer cómo se obtuvo ni si fue efectivamente utilizado. Haceinstantes
Uhrig negó haber usado un certificado para obtener beneficios
La exdiputada salió públicamente a rechazar las acusaciones.
Uhrig publicó en Instagram un comprobante de pago de un peaje de Ituzaingó y aseguró que no utiliza ningún certificado de discapacidad para evitar pagar peajes ni para estacionar en lugares reservados. Todo Noticias
“Dejen de inventar y difundir mentiras sobre mí”, expresó.
Su descargo responde al supuesto uso del documento para conseguir esos beneficios, pero no existe hasta ahora una resolución oficial que determine la autenticidad o falsedad del certificado difundido.
La discusión de fondo: quién debe recibir la asistencia
Caputo utilizó el episodio para plantear una discusión más amplia sobre la asignación de los recursos destinados a discapacidad.
Su argumento es que la existencia de prestaciones concedidas irregularmente termina reduciendo los fondos disponibles para las personas que efectivamente necesitan asistencia.
El Gobierno sostiene desde 2024 que el objetivo de las auditorías es precisamente separar ambos universos: mantener la cobertura de quienes cumplen los requisitos y dar de baja beneficios incompatibles o fraudulentos. Argentina.gob.ar
El debate, sin embargo, también atravesó los tribunales. Durante 2025, una medida cautelar obligó a ANDIS a restablecer pensiones suspendidas y detener temporalmente auditorías realizadas bajo la normativa cuestionada. Luego, con la nueva ley y su reglamentación en 2026, el Ejecutivo puso en marcha un procedimiento distinto de verificación y conversión de las prestaciones. Boletín Oficial
Así, detrás de la frase de Caputo conviven tres discusiones diferentes: las irregularidades efectivamente comprobadas, la magnitud todavía discutida del fraude y la expansión del sistema que podría generar el nuevo régimen aprobado por el Congreso.
Fuentes
Presidencia de la Nación — auditorías, evolución histórica de las pensiones e irregularidades detectadas. Argentina.gob.ar
Oficina de Presupuesto del Congreso — estimación de nuevas altas e impacto fiscal de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Oficina de Presupuesto del Congreso
Boletín Oficial — Ley 27.793 y Decreto 84/2026 que reglamentó el nuevo régimen. Boletín Oficial
TN — descargo público de Romina Uhrig sobre el supuesto uso de un certificado de discapacidad. Todo Noticias
El Día / Hace Instantes — documentación difundida y estado no verificado de las acusaciones sobre el certificado. El Día de La Plata
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