El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó que reparar los daños provocados por grupos violentos durante la marcha universitaria del 15 de octubre demandará al menos $90 millones. Los incidentes dejaron veredas destruidas, mobiliario urbano dañado, canteros arrasados y espacios verdes deteriorados en las inmediaciones del Congreso. La cifra es preliminar y podría aumentar cuando finalice el relevamiento de los daños.
Un grupo de manifestantes protagonizó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que dejaron ocho efectivos heridos y decenas de detenidos. La Ciudad deberá afrontar inicialmente las reparaciones con recursos públicos financiados por los contribuyentes, mientras la Justicia investiga a los responsables.
La Quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves 15 de octubre frente al Congreso de la Nación, terminó con importantes daños en el espacio público y una factura millonaria para la Ciudad de Buenos Aires.
Según informó el Gobierno porteño, las tareas necesarias para reparar las veredas, el mobiliario urbano, los canteros y los espacios verdes deteriorados durante los incidentes tendrán un costo estimado de $90 millones.
La cifra fue difundida por las autoridades de la Ciudad luego de los enfrentamientos que se produjeron entre grupos de manifestantes y las fuerzas federales encargadas de custodiar el edificio del Congreso.
El cálculo todavía es preliminar y podría modificarse una vez que terminen las inspecciones técnicas para determinar la totalidad de los daños.
Mientras se investigan las responsabilidades individuales, las reparaciones deberán ser afrontadas inicialmente por el Estado porteño, mediante recursos de su presupuesto.
De esta manera, los destrozos registrados durante una jornada de protesta tendrán un impacto económico que alcanzará a las finanzas públicas de la Ciudad.
$90 millones para reparar los daños en los alrededores del Congreso
Los incidentes dejaron daños materiales en distintos sectores de la Plaza de los Congresos y sus alrededores.
Según detalló el Gobierno de la Ciudad, los principales problemas se registraron en el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes.
Una de las zonas más afectadas fue el corredor de la avenida Rivadavia, entre Callao y Rodríguez Peña, donde se concentraron los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Durante los disturbios, grupos violentos arrancaron materiales de las veredas y utilizaron piedras y cascotes para atacar a los efectivos desplegados alrededor del edificio legislativo.
Los daños también alcanzaron bancos y otros elementos del espacio público, además de sectores parquizados que deberán ser acondicionados nuevamente.
Luego de los incidentes, las autoridades porteñas iniciaron un operativo de limpieza y evaluación para determinar las reparaciones necesarias.
El costo estimado de $90 millones corresponde a esa primera evaluación y todavía no constituye una liquidación definitiva de las obras realizadas.
La cifra tampoco debe confundirse con el costo general del operativo policial, ya que corresponde específicamente a los daños materiales relevados en el espacio público.
Los destrozos comenzaron antes del acto central de la marcha
La movilización del 15 de octubre había sido convocada por organizaciones universitarias, gremios docentes y agrupaciones estudiantiles para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Miles de personas se concentraron frente al Congreso, en una jornada que también contó con la participación de organizaciones políticas y sindicales.
La protesta se desarrollaba de manera pacífica cuando, alrededor de las 15:40, comenzaron los primeros enfrentamientos en las inmediaciones del edificio legislativo.
Según las crónicas periodísticas, un grupo de manifestantes con el rostro cubierto comenzó a arrojar piedras y otros elementos contundentes contra los efectivos que custodiaban el vallado.
La situación derivó en corridas y enfrentamientos que se extendieron durante parte de la tarde.
Las fuerzas federales utilizaron gases lacrimógenos, proyectiles de goma y camiones hidrantes para dispersar a los grupos involucrados.
Mientras tanto, el acto central de las organizaciones universitarias continuaba en otro sector de la plaza.
Los episodios violentos también afectaron a personas que participaban de la movilización sin intervenir en los disturbios, debido a la dispersión de gases y a las corridas registradas en la zona.
Ocho efectivos heridos y decenas de detenidos
Además de los daños materiales, los enfrentamientos dejaron agentes de las fuerzas de seguridad lesionados.
Según el balance difundido por el Ministerio de Seguridad Nacional, ocho efectivos federales resultaron heridos durante los incidentes.
Las autoridades informaron que las lesiones se produjeron principalmente por el impacto de elementos contundentes arrojados durante los enfrentamientos.
También se registraron numerosas detenciones.
Los primeros reportes periodísticos mencionaron más de 30 personas detenidas, mientras que el balance utilizado posteriormente por el Ministerio de Seguridad para presentar la denuncia penal consignó 25 detenidos.
La diferencia responde a los distintos momentos en que fueron difundidos los relevamientos oficiales y periodísticos.
Entre las personas demoradas inicialmente también se identificaron menores de edad.
Los procedimientos quedaron sujetos a la intervención de las autoridades judiciales competentes, que deberán determinar la participación de cada persona en los hechos investigados.
La existencia de detenciones durante los incidentes no implica, por sí sola, que todas las personas involucradas hayan sido responsables de los daños materiales.
El Gobierno nacional presentó una denuncia penal por los incidentes
Tras los enfrentamientos, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal para investigar los hechos ocurridos durante la movilización.
La presentación incluyó posibles delitos de resistencia y atentado a la autoridad, daño agravado y atentado al orden constitucional.
Estas calificaciones corresponden a las acusaciones formuladas por las autoridades nacionales y deberán ser evaluadas por la Justicia.
La investigación buscará determinar quiénes participaron de los enfrentamientos, qué conductas realizaron y cuáles pueden atribuirse a personas concretas.
Para ello, las autoridades podrán utilizar grabaciones, fotografías y otros registros de los incidentes.
La individualización de los responsables resulta especialmente importante para establecer eventuales consecuencias penales y civiles por los destrozos.
En ese sentido, la investigación también abre la posibilidad de analizar si corresponde reclamar el costo de los daños a quienes hayan sido identificados y cuya responsabilidad resulte acreditada.
¿Quién pagará los $90 millones de reparaciones?
Uno de los principales interrogantes que deja la jornada es quién terminará afrontando el costo económico de los daños.
La Ciudad de Buenos Aires es responsable de mantener y conservar buena parte del espacio público afectado por los incidentes.
Por ese motivo, las tareas de limpieza, acondicionamiento y reparación deben organizarse desde la administración porteña.
Los recursos destinados a estos trabajos provienen inicialmente del presupuesto de la Ciudad, financiado principalmente mediante impuestos y otros ingresos públicos.
Esto significa que, mientras no exista un recupero de los fondos, el costo de las reparaciones será absorbido por las cuentas públicas porteñas.
El gasto adquiere relevancia porque se trata de recursos que también pueden destinarse al mantenimiento cotidiano de calles, veredas, plazas y otros servicios urbanos.
Sin embargo, todavía no existe una determinación judicial definitiva sobre quiénes deberán responder económicamente por los daños ocasionados durante la marcha.
La posibilidad de reclamar indemnizaciones dependerá de las pruebas reunidas y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
Jorge Macri cuestionó los incidentes y anticipó acciones contra los responsables
Luego de conocerse los episodios de violencia, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó públicamente los enfrentamientos y los destrozos registrados en el Congreso.
A través de sus redes sociales, sostuvo que la Ciudad continuará actuando contra quienes provoquen daños durante las manifestaciones.
El mandatario afirmó que buscará identificar a los involucrados para que respondan por sus conductas.
La administración porteña también difundió la estimación económica de las reparaciones y comenzó a coordinar las tareas necesarias para recuperar los sectores afectados.
El Gobierno de la Ciudad considera que los incidentes generaron un perjuicio material que deberá ser afrontado con recursos públicos mientras avanza la investigación.
La respuesta oficial se suma a la denuncia penal impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional.
El costo del vandalismo y la responsabilidad sobre los espacios públicos
Los incidentes del 15 de octubre reabrieron el debate sobre las consecuencias económicas de los destrozos durante las protestas.
La Constitución Nacional reconoce el derecho a manifestarse y reclamar ante las autoridades, pero el ejercicio de ese derecho no elimina las responsabilidades legales que puedan surgir de conductas violentas o daños a bienes públicos.
Cuando se destruyen veredas, bancos, canteros u otros elementos de uso común, las consecuencias no se limitan a los enfrentamientos de una jornada.
Los sectores afectados deben ser limpiados, reconstruidos y puestos nuevamente en condiciones para su utilización por parte de vecinos y transeúntes.
Esos trabajos requieren materiales, personal, maquinaria y recursos que forman parte del presupuesto público.
En este caso, la primera estimación del Gobierno porteño alcanza los $90 millones, una suma que podría aumentar cuando se complete el relevamiento.
La investigación judicial deberá establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si existen condiciones para recuperar parte o la totalidad de ese dinero.
Mientras tanto, la Ciudad afrontará inicialmente el costo de devolver a los vecinos los espacios públicos dañados durante los incidentes. La discusión de fondo será si los responsables identificados terminan respondiendo también por las consecuencias económicas de sus actos o si los $90 millones quedan definitivamente a cargo del presupuesto financiado por los contribuyentes porteños.
Fuentes verificadas
– Infobae — Reparar los destrozos en el Congreso costará $90 millones. Publicada el 15 de octubre. Es la fuente principal para el monto, los daños relevados y las zonas afectadas.
Infobae
– TN — Operativo de limpieza y declaraciones de Jorge Macri. Cobertura de la movilización y confirmación del presupuesto preliminar de reparación. Incluye declaraciones de la UBA.
TN
– Agencia Noticias Argentinas — Denuncia penal por los incidentes. Publicada el 16 de octubre. Confirma la presentación judicial, los ocho efectivos lesionados y los 25 detenidos consignados en el balance oficial.
Agencia Noticias Argentinas
– La Nación — Incidentes y detenciones durante la marcha. Cobertura del 15 de octubre sobre los enfrentamientos, los arrestos y la presencia de menores entre los inicialmente detenidos.
LA NACION
– TN — Manifestantes rompieron veredas y arrojaron piedras. Registro periodístico de los daños y del comienzo de los enfrentamientos.
TN
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