El gobernador destinó fondos públicos a la creación del canal ViBra Bonaerense. Se pidieron informes para conocer el alcance de la estructura audiovisual que, según señalan, prioriza propaganda política por sobre las necesidades de los bonaerenses.
La Libertad Avanza bonaerense presentó una ofensiva parlamentaria para que el gobernador Axel Kicillof brinde explicaciones sobre una millonaria contratación destinada a la producción y distribución de contenidos audiovisuales oficiales. A través de pedidos de informes presentados en el Senado y en la Cámara de Diputados de la provincia, los legisladores opositores buscan conocer el verdadero alcance de una licitación que supera los $2.278 millones y que, según denuncian, podría utilizarse para montar una estructura de comunicación con fines propagandísticos financiada con recursos públicos.
La iniciativa apunta al Proceso de Compra N° 401-0405-LPU26, impulsado por el Ministerio de Comunicación Pública bonaerense, que prevé la contratación de un servicio integral de producción audiovisual por un plazo inicial de seis meses.
El presupuesto oficial asciende a $2.278.171.592,43 y contempla la puesta en funcionamiento de una infraestructura técnica de gran escala destinada a la generación y transmisión permanente de contenidos.
Según el expediente, la contratación incluye 60 unidades móviles de producción y seguimiento, servicios profesionales de cámaras, controles centrales, sistemas de transmisión mediante tecnología 4G, equipos ENG, drones, grúas Jimmy Jib, capacidad satelital permanente, estudios propios para producción y emisión en vivo y equipamiento suficiente para realizar coberturas continuas de las actividades oficiales. Para la oposición, el nivel de recursos previsto excede ampliamente una comunicación institucional tradicional y podría servir para crear un canal de streaming orientado a difundir la gestión provincial.
En ese marco, los bloques de La Libertad Avanza solicitaron que el Ejecutivo detalle cuáles serán los contenidos que se producirán, en qué plataformas serán difundidos, cuál será la programación prevista, qué organismos controlarán el uso de esos recursos y qué mecanismos existirán para garantizar que los fondos públicos no sean utilizados con fines partidarios o de promoción política de funcionarios.
El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, cuestionó con dureza la iniciativa al sostener que mientras la provincia enfrenta graves problemas en áreas sensibles, el Gobierno provincial destina miles de millones de pesos a una nueva estructura de comunicación. Según afirmó, el gasto resulta injustificable en un contexto marcado por conflictos educativos, dificultades en materia de seguridad y deficiencias en distintos servicios públicos.
En la misma línea, el presidente del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis, sostuvo que la comunicación institucional no está en discusión, pero consideró que el volumen de recursos comprometidos resulta incompatible con la situación financiera y social que atraviesa la provincia. A su entender, las prioridades del Gobierno bonaerense deberían concentrarse en resolver las demandas más urgentes antes que en ampliar su aparato comunicacional.
También el diputado provincial Juanes Osaba cuestionó la decisión y vinculó el proyecto con la intención de fortalecer una estructura de difusión oficial mientras persisten problemas como la crisis de IOMA, la inseguridad y la pérdida de días de clases producto de los conflictos docentes. Desde el espacio libertario sostienen que los recursos deberían destinarse a mejorar los servicios esenciales en lugar de financiar un esquema de comunicación propio.
Otro de los puntos que despertó cuestionamientos es el diseño técnico de la licitación. Los legisladores advirtieron que algunas de las exigencias establecidas en el pliego, como determinados requisitos de capacidad operativa, experiencia previa y disponibilidad tecnológica permanente, podrían reducir la cantidad de empresas en condiciones de competir y limitar la concurrencia de oferentes, por lo que también solicitaron precisiones sobre los criterios utilizados para elaborar las condiciones del proceso.
Con esta batería de pedidos de informes, La Libertad Avanza busca que el Gobierno bonaerense transparente el destino de una de las contrataciones más importantes del área de comunicación de los últimos años y explique por qué considera prioritario destinar más de $2.278 millones a la producción audiovisual en un contexto de fuertes demandas sobre la prestación de los servicios públicos provinciales.
El Argento Informa 
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