El Poder Ejecutivo eliminó mediante decreto el fondo destinado a financiar la gratuidad en pasajes de transporte para personas con discapacidad e infantes diagnosticados con padecimientos oncológicos. La acción administrativa marca un cambio significativo en esta política social.
Desde el oficialismo se justificó la medida aduciendo restricciones en el presupuesto nacional. Los responsables indicaron que «las compensaciones contempladas en resoluciones anteriores no presentan viabilidad de mantenimiento». Esta conclusión respaldó el proceder de derogar el programa.
El ejecutivo aclaró que aunque se cancela el fondo, subsiste la obligación estatal de garantizar el derecho a la gratuidad. Sin embargo, la modalidad mediante la cual se ejecutará esta obligación sin recursos específicos asignados no fue comunicada con precisión.
Los beneficiarios del programa eran ciudadanos certificados con discapacidad y menores en proceso de tratamiento oncológico que necesitaban desplazamientos recurrentes. Para estas poblaciones vulnerables, el acceso sin costo al transporte representaba un factor facilitador de su integración y atención sanitaria.
La supresión del mecanismo financiero impacta negativamente en la capacidad de movilidad de grupos que ya enfrentan múltiples desafíos. Especialistas en inclusión social advirtieron sobre las consecuencias de eliminar instrumentos operativos sin presentar alternativas comprobadas.
El gobierno comunicó su propósito de evaluar opciones para sostener la accesibilidad al transporte, pero no proporcionó detalles sobre la naturaleza de estas opciones ni sus tiempos de ejecución. La incertidumbre prevale entre los sectores afectados.
Asociaciones de pacientes y organismos defensores de derechos solicitaron mayor información respecto a las medidas que se implementarán para garantizar que el derecho reconocido pueda ser ejercido efectivamente en los próximos períodos.
Imagen: Cup of Couple / Pexels – Con informacion de La Nación
El Argento Informa 
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